Demanda Colectiva Expone Tácticas Ilegales que Incluyen Trasladar a Personas No Ciudadanas Fuera de Minnesota Antes de que Puedan Comunicarse con sus Abogados
Minneapolis, Minn. — The Advocates for Human Rights y demandantes individuales presentaron una demanda colectiva que impugna las prácticas ilegales de detención de la administración Trump-Vance en centros de detención en Minnesota. En medio de acciones agresivas por parte de agencias federales, personas están siendo detenidas sin acceso a abogados y se les niega la comunicación confidencial, acciones que violan la Constitución, la ley federal y los derechos humanos fundamentales. Democracy Forward y Fredrikson & Byron P.A. representan a los demandantes.
La demanda cuestiona a oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a oficiales federales de seguridad por bloquear deliberadamente el acceso a asesoría legal a los detenidos, en los momentos más críticos de las detenciones. Muchos de ellos son transferidos fuera de Minnesota o presionados a abandonar sus derechos antes de que sus abogados tengan la oportunidad de contactarlos.
Declaraciones de individuos que han estado detenidos en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis revelan arrestos violentos, hacinamiento extremo y el uso permanente de grilletes. DHS ha perpetuado estas horrendas condiciones bloqueando a los detenidos el acceso a la asesoría legal para buscar su libertad. Un residente de Minnesota de 19 años describió haber sido arrojado al suelo cuando intentó mostrarles a los oficiales sus documentos migratorios, a pesar de no haber puesto resistencia. “Nunca se me ofreció un abogado en ningún momento”, dijo. Tras ser retenido en una celda muy por encima de su capacidad, fue encadenado de las muñecas, los tobillos y la cintura, subido a un autobús y a un avión, y trasladado fuera del estado sin que le dijeran a dónde lo llevaban. “Sentí que había sido secuestrado”, afirmó.
Otra declaración, de un refugiado viviendo en Minneapolis, describe haber sido rodeado por aproximadamente 20 oficiales, sacado a la fuerza de su vehículo, burlado por los agentes y detenido en una habitación que eventualmente se llenó con casi 100 personas. Según su testimonio, los detenidos son forzados a dormir de pie al lado de un inodoro desbordado y sin privacidad; se les negaron camas y cobijas y se les dio acceso mínimo a llamadas telefónicas, constantemente vigiladas. “Es como si intentaran volverte loco”, dijo. “La mayoría nos trató como animales.” Explicó que personal de ICE presiona a los detenidos a firmar documentos de autodeportación y si no le permitieron hablar con sus abogados, a pesar de que creía –correctamente– que su estatus de refugiado lo protegía de ser detenido.
“La administración Trump-Vance continúa recurriendo a una forma de ‘justicia de atrápame si puedes’ que es dañina e ilegal. Los hechos expuestos en nuestra demanda describen un sistema inhumano diseñado para despojar a las personas de sus derechos conforme a la ley, traumatizarlas, aislarlas de sus abogados y apresurarlas a través de la detención y el traslado antes de que puedan acceder a asesoría legal”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “La administración Trump-Vance está deteniendo a personas en una instalación federal que nunca fue concebida para la custodia a largo plazo, negándoles el acceso a abogados, encadenándolas durante traslados secretos y utilizando el miedo y el agotamiento para presionarlas a que renuncien a sus derechos. Esta es una estrategia deliberada para evadir la rendición de cuentas y viola la Constitución y la ley federal. El acceso a un abogado es un derecho fundamental en Estados Unidos. Hacemos un llamado a todos los abogados del país a comprometerse con la defensa del acceso a la asesoría legal y del Estado de derecho, y continuaremos utilizando todas las herramientas legales para defender a las personas y la Constitución.”
La demanda busca intervención inmediata de la corte para restaurar el acceso a la justicia, exigir la confidencialidad en las comunicaciones cliente-abogado y terminar con las prácticas obstructivas y de represalias que bloquean la representación legal. También cuestiona el uso de un edificio civil como un centro de detención no autorizado por parte del gobierno federal, sin la seguridad que requiere la ley.
El caso es The Advocates of Human Rights et al. v. U.S. Department of Homeland Security et al. y el equipo legal en Democracy Forward incluye a Elena Goldstein, Jeff Dubner, Aman George, Mark Samburg y Anashua Dutta.
Lea la demanda aquí y la versión en inglés de este comunicado de prensa, aquí
